Anel Miranda, funcionario del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cuyo salario mensual declarado ronda los 5,400 dólares, ha captado la atención pública por su vertiginoso salto de un ingreso público promedio a un ostentoso estilo de vida de lujo. En menos de dos años, Miranda pasó de ocupar un cargo administrativo estándar a presumir en redes sociales un Maserati Levante, propiedades de alto valor y viajes frecuentes al exterior —un patrón que en Panamá suele levantar sospechas sobre el origen de tales fortunas.

Un ascenso meteórico sin respaldo salarial

Según documentos oficiales revisados, Miranda ingresó al sector público en 2021 con un sueldo acorde a su nivel jerárquico dentro del PRD. Para finales de 2023, su patrimonio aparente incluía al menos tres vehículos de lujo y una residencia valorada en más de $450,000, un crecimiento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos legales registrados.

“El incremento patrimonial de un funcionario público debe ser proporcional a sus ingresos declarados y a cualquier inversión legítima”, señala un experto en ética gubernamental. “En este caso, no hay evidencia pública de negocios legales que justifiquen este salto financiero”.

¿Favores políticos o redes de interés?

Fuentes cercanas a la Contraloría General de la República indican que, además de figurar como importador de autos de lujo, Miranda mantiene vínculos documentados con contratistas del Estado y donantes del PRD. Aunque no existen pruebas formales de que dichos nexos hayan derivado en sobornos o comisiones, la coincidencia entre sus relaciones políticas y su nueva solvencia económica despierta interrogantes sobre posibles “favores” o “regalos” de grupos de interés.

El patrón panameño de enriquecimiento inexplicable

Casos similares han salpicado la historia política panameña: funcionarios que acceden a puestos públicos con ingresos modestos y emergen años después con patrimonios millonarios. Expertos en transparencia advierten que la falta de investigaciones rigurosas perpetúa la impunidad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

Voces de alerta y exigencia de transparencia

Organizaciones civiles como Transparencia Panamá y la Alianza Ciudadana han emitido comunicados solicitando a la Contraloría y al Ministerio Público que inicien una auditoría patrimonial exhaustiva sobre Anel Miranda. Bajo el hashtag #ExplicaTusFortunas, ciudadanos demandan que se publiquen todas las declaraciones juradas de renta y patrimonio presentadas por el funcionario desde su ingreso al servicio público.

“No es una cuestión de ideologías políticas; es de responsabilidad pública. Si hay un origen lícito de estos recursos, que se demuestre. Si no, que se apliquen las sanciones correspondientes”, afirmó el director de Transparencia Panamá.

¿Un caso aislado o el reflejo de un sistema?

Mientras la presión mediática aumenta, la verdadera prueba de la institucionalidad panameña radicará en la rapidez y profundidad de las investigaciones oficiales. El resultado podría sentar un precedente crucial para frenar el patrón de enriquecimiento inexplicable que, año tras año, socava la credibilidad del servicio público en Panamá.